La ley electoral al servicio de los pseudo-demócratas

El Alcalde de Molvízar pasó ayer por los juzgados de Motril acusado de un delito de coacciones a un empleado municipal para que votase al PP en las elecciones locales de 2007. La Fiscalía pide 15 meses de prisión para Fermín García (PP), pues entiende que intentó coaccionar al trabajador Carlos Jiménez. El Ministerio Público actuó de oficio cuando conoció que éste fue despedido al negarse a votar por correo.




Fermín García saliendo del Juzgado de Motril.

  No es mi intención analizar los aspectos jurídicos de este caso, pues al tribunal le compete dar cuenta de las conductas del imputado. En cambio, sí me interesa profundizar en cómo un individuo astuto, que no inteligente, saca provecho de las deficiencias de nuestro sistema electoral.
Todo comienza unos meses antes de los comicios municipales, cuando se produce un empadronamiento masivo de familiares o conocidos de los componentes de la candidatura de Fermín García. No importa que transcurridos unos meses causen de nuevo baja en el padrón municipal de habitantes. Un análisis del censo de Molvízar desde 1999 nos muestra que a un fuerte incremento en año de elecciones municipales le sucede un descenso pronunciado con motivo de otras elecciones. El censo en las municipales de 2007 era de 2.763 electores, mientras que en las europeas de 2009 descendió hasta 2.442 (un 11,3% menos en un municipio que presentó un 18,2% de incremento relativo de población en 2009).

Francisco Arenas y Fermin Garcia en el
banquillo de los acusados.

Después se sucede una 2ª Fase difícil de probar ante los tribunales (el caso de Carlos Jiménez no es aislado, pero sí lo es su noble intención de hacerlo público, a pesar de las represalias sufridas). Me refiero a las coacciones para que determinadas personas orienten su voto. Estas ‘prácticas sicilianas’ se manifiestan a través de amenazas relacionadas con el empleo. Aunque en esta ocasión, y aprovechando la precaria situación económica del colectivo rumano residente, también se utilizó otra metodología más arcaica, aunque sumamente efectiva: el trueque del voto a cambio de dinero.

¿Cómo se puede coaccionar el voto de una persona si su naturaleza es secreta? Aquí entra en juego la 3ª Fase de la operación: el voto por correo. Durante el ejercicio del mismo existen dos momentos que requieren la indispensable presencia del elector: en su solicitud y en la recepción de la documentación. Sin embargo, su tramitación final puede llevarla a cabo cualquier persona, y es aquí donde las coacciones o el trueque realizado surte efecto, pues el votante entrega la documentación a un ‘comisario político’, que a su vez tramita definitivamente el voto con la papeleta del PP.

De esta forma, la seguridad sobre la dirección del voto emitido es total, pues el votante solo ha manifestado su deseo de votar, pero no ha definido a qué candidatura. En las pasadas elecciones municipales un 16% de los votantes utilizó la oficina postal. Ningún municipio español presentó un porcentaje tan elevado de voto por correo.

Nuestro sistema electoral es la “correa de transmisión” entre la voluntad del pueblo y sus representantes, pero cuando estas artimañas concurren a las urnas se pervierte su derecho más básico: el voto libre, individual y secreto. No podemos permitir que estas circunstancias vuelvan a producirse. O tomamos conciencia de este problema o habrá que modificar determinados aspectos de la ley electoral. Por eso, la causa penal contra Fermín García no debe hacernos reflexionar únicamente sobre el despotismo del Alcalde hacia un empleado municipal, también debería prepararnos para el diseño de garantías que impidan la perversión de nuestro sistema electoral por parte de pseudo-demócratas que anteponen sus intereses personales a la voluntad popular.

Antonio Salas Prados
Secretario General PSOE de Molvízar